La SC inicia proceso sancionatorio contra 5 constructoras por posible acuerdo de precios en licitación pública.

La Superintendencia de Competencia (SC) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra cinco empresas constructoras por realizar un posible acuerdo para fijar o limitar precios en una licitación pública del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), una práctica que está prohibida en el Artículo 25, letra c), de la Ley de Competencia.

El procedimiento iniciado contra las empresas INCOMA, S. A. de C. V., TECANA International, S. A. de C. V., Mantenimiento Vial, S. A. de C. V., Conservación Vial, S. A. de C. V. y CONTECH, S. A. de C. V., se deriva de una colaboración interinstitucional, originada por un aviso por parte de FOVIAL, específicamente en la participación de la licitación LCO-042/2025, destinada al “Mantenimiento del Derecho de Vía”, con un monto total presupuestado de $2,147,791.82, donde las empresas, presuntamente, se habrían puesto de acuerdo para fijar los precios de sus ofertas presentadas en dicho proceso.

La investigación de esta práctica será regida por los artículos 43 y 44 de la Ley de Competencia, la cual sigue las etapas establecidas en la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Entre ellas, se incluyen el derecho de defensa de las empresas investigadas, la presentación y evaluación de pruebas, la conclusión de las investigaciones y una audiencia final otorgada a las partes. El Consejo Directivo de la SC será responsable de analizar las pruebas y, en caso de comprobarse la práctica, determinará la sanción y emitirá la resolución final, que se comunicará oportunamente.

Esta práctica no competitiva, conocida como colusión o cartel, es considerada una de las más dañinas porque afecta directamente el uso eficiente de los fondos públicos. Estudios recientes indican que estos acuerdos ilícitos en las contrataciones públicas pueden inflar artificialmente los costos hasta en un 20% en detrimento del interés público.

El sector construcción, que incluye tanto la obra pública como la privada, es un pilar primordial para la economía salvadoreña. Según datos recientes del Banco Central de Reserva, este sector creció un 33.9% en el segundo trimestre de 2025, siendo la tasa más alta en cuatro años.

El Gobierno de El Salvador, a través de la SC, mantiene una vigilancia activa de las condiciones en todos los sectores, incluyendo el desarrollo de las licitaciones en compras públicas e insta a las empresas a competir sanamente, mediante el uso de estrategias competitivas basadas en la innovación, calidad y mejora de precios, absteniéndose de prácticas que están fuera de la Ley para evitar sanciones al perjudicar el interés de los salvadoreños.